El principal riesgo derivado de la crisis del coronavirus, según las expertas, es el asociado a los recortes presupuestarios. Desde la UOC señalan que “la nueva priorización política puede derivar en una ralentización y en recortes en políticas ambientales”. Esta situación, por tanto, “pondría en riesgo las declaraciones de emergencia climática y los planes climáticos”, indican en un comunicado.
Por otra parte, la crisis económica derivada del confinamiento ha hecho resurgir el debate sobre la flexibilización de las normas ambientales. Frente a este riesgo, las investigadoras ponen como ejemplo a Estados Unidos, “que se planteó dejar de imponer sanciones a las industrias contaminantes”, o Cataluña, donde el Gobierno anunció una ley de simplificación administrativa para trámites urbanísticos que puso en alerta a los ecologistas.
En esta línea se enmarcan dos riesgos más, los planes de recuperación sin perspectivas verdes y el uso de combustibles fósiles. Según la UOC, si los gobiernos no incluyen políticas ambientales, “dinamitaría los esfuerzos de promover una transición ambiental”. En este sentido, plantear una reindustrialización con industrias contaminantes supondría un retroceso para el medioambiente.